El abogado José Clemente Peralta Navarrete,Reg. Colegio de Abogados del Callao -6903, es Investigador en Derechos de la Persona con Discapacidad y de la Persona con Movilidad Reducida. Nos aporta su visión de la sociedad actual a través del siguiente artículo.
Vivimos en una sociedad que suele dar por sentados ciertos aspectos de nuestra realidad, en cuya necesidad únicamente reparamos al vernos privados de éstos por situaciones que nosotros consideramos extraordinarias y que, comúnmente, sabemos que serán resueltas en cuestión de horas o de unos cuantos días, sin embargo la transitoria falta de éstas condiciones genera en cada uno de nosotros en mayor o menor grado no sólo un incremento en la demanda de las mismas, sino además una sensación de vulnerabilidad y desprotección capaz de calar en lo más hondo de nuestro ser.
Generalmente asumimos que al abrir el grifo obtendremos agua para asearnos, que usaremos gas para preparar los alimentos, al presionar el interruptor se encenderán los focos de luz y que al tomar nuestros móviles accederemos a internet o podremos realizar llamadas, y así con el resto de cosas que podemos imaginarnos y que forman parte de nuestra cotidianidad; sin embargo olvidamos que actualmente 4.2 millones de peruanos no tienen ningún tipo de acceso al agua potable, que más de tres millones de compatriotas de las zonas rurales carecen de energía eléctrica, que casi un tercio de ellos aún usa leña para cocinar y que la conexión a internet es un privilegio del que apenas gozan poco más de tres millones de hogares en el Perú.
Consideramos como un hecho que el día de mañana podremos oír el timbre o la alarma contra incendios, que podremos abrir una puerta sin que esto revista algún grado de dificultad, que podremos salir a la calle a comprar y subiremos de la calzada a la acera sin esfuerzo, que podremos tomar un taxi o incluso abordar un bus, subir escaleras, correr, caminar o simplemente leer estas líneas, generalmente damos por sentado que podemos hacerlo todo sin necesidad de terceros, con total autovalencia, sin detenernos a pensar por un segundo ¿qué pasaría si no fuera así?.
Conforme a nuestra legislación, la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Siendo así, es evidente entonces que los factores que configuran una discapacidad no se circunscriben específicamente al ámbito del individuo que la padece, sino que, por el contrario, se encuentran directamente relacionados con factores externos que son los que al final determinarán el grado de inclusión o exclusión social que ésta persona experimentará, resaltando el hecho de que estas barreras no las constituyen únicamente el entorno físico o virtual, sino que también tienen su origen en nosotros mismos, en nuestra propia actitud.
Vivimos acostumbrados a observar el mundo desde nuestra perspectiva, a protestar sólo cuando consideramos que algo afecta nuestros intereses o atenta contra nuestro estilo de vida, sin detenernos a pensar por un momento en aquellas personas para quienes subir o bajar un peldaño implica un gran esfuerzo, constituye todo un reto o representa un peligro, en aquellas personas que entienden claramente que las escaleras limitan y las rampas conectan, aquellas personas para quienes transitar desplazarse por nuestras ciudades, tal cual se encuentran concebidas representa toda una empresa, somos ajenos al viacrucis de quienes consideramos como diferentes, aquellos a los que vemos como una minoría; podría decirse que vivimos, entonces, inconscientes de nuestra propia discapacidad.
Cuando Antonio Delhumeau dice que la democracia es la técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y unidad de los individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten sus opiniones para un bien común en un ambiente donde haya cultura política y conciencia[ii], no hace otra cosa que proclamarnos a todos como iguales, más allá de cualquier credo, origen, raza, sexo, idioma, religión o condición de cualquier índole. Siendo así, si la igualdad ante la ley es un derecho reconocido en favor de todas las personas, sin distinción, en consecuencia la obligación de garantizar su cabal cumplimiento recae también en todas y cada una de las personas y no sólo en el poder público, tal como erróneamente se ha venido concibiendo, no es, entonces una mera representación de la voluntad de algunos sectores en beneficio de aquellos menos favorecidos, sino por el contrario una cuestión de respeto, libertad, dignidad, es por ello que toda acción tendiente a garantizar que nuestras ciudades sean accesibles para todas las personas, especialmente para aquellas que sufren algún tipo de discapacidad, no es una cuestión de filantropía como equivocadamente puede percibirse, sino por el contrario un acto de justicia.
Uno de los principales retos que tenemos como sociedad, es desterrar aquella equivocada idea de que la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, es una cuestión que compete únicamente al Estado, a través de las Instituciones Públicas y que, eventualmente, podríamos hacer extensivo a los colectivos que aglomeran y representan a los discapacitados, agotándose en dichas instancias; ya que tomar como válida dicha afirmación, sería como aceptar que el respeto de los derechos de la mujer no fueran trascendentes para los hombres
Si bien parecería pecar de obvio el afirmar que todas las personas en general tienen el derecho a formar parte y participar activamente en el entorno al que pertenecen, las personas con discapacidad, en particular, se encuentran frecuentemente con barreras físicas que les impiden en mayor o menor grado una verdadera inclusión en la sociedad, pero quizás la mayor barrera que ellos enfrentan diariamente sea nuestra indiferencia, nuestra incapacidad de indignarnos ante tal injusticia, puede que nuestra tolerancia a esta realidad que percibimos como ajena sea para nosotros mismos nuestra mayor discapacidad.
[i] Artículo 2 de la Ley 29973 –Ley General dela Persona con Discapacidad.
[ii] Antonio Delhumeau. México Realidad política de sus partidos. Instituto de Estudios Políticos, DF: 1970, pp. 33-34
José Clemente Peralta Navarrete. –Abogado.
Reg. Colegio de Abogados del Callao -6903
Investigador en Derechos de la Persona con Discapacidad y de la Persona con Movilidad Reducida.